Que se castigue a autoridades que priven de manera arbitraria al trabajador de su salario.

A fin de fortalecer los derechos de los trabajadores ante abusos de e injusticias de autoridades, el Diputado Héctor Ortega Pillado presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XI al artículo 274 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur.
  • Con adición al Código Penal buscan fortalecer y garantizar los derechos de las y los trabajadores ante abusos e injusticas de las autoridades.

A fin de fortalecer los derechos de los trabajadores ante abusos de e injusticias de autoridades, el Diputado Héctor Ortega Pillado presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XI al artículo 274 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur.

El legislador Ortega Pillado planteó mediante su iniciativa que se contemple dentro del Código Penal del Estado la hipótesis que establece la Constitución Federal en su artículo 5° y se castigue con ello a aquella autoridad que de manera arbitraria y contraria a derecho prive al trabajador del producto de su trabajo.

En ese sentido al Artículo 274 del Código Penal estatal “abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública”, establece que cometen el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública los servidores públicos que, en perjuicio de particulares, en razón de sus funciones y con los medios o la autoridad que estas le otorguen, incurra en los siguientes abusos, se le agrega la fracción XI que a la letra dice “privar a un individuo del producto de su trabajo sin que medie la resolución judicial. No se considerará como abuso de autoridad la retención de parte de los salarios y sueldos para el pago de cuotas sindicales”.

El Diputado Héctor Ortega Pillado hizo un llamado a sus homólogos para que apoyaran su proposición con proyecto de decreto, expresando que no pueden permitir que ningún gobierno y ningún servidor público este por encima de los derechos laborales y que el sentido de la propuesta es con la pretensión franca de proteger a los trabajadores de las arbitrariedades e injusticas de estas.

La iniciativa se turnó a la comisión permanente de puntos constitucionales y de justicia.

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